La reciente propuesta de nombramiento de José Manuel Maza Martín como nuevo Fiscal General del Estado sigue generando reacciones en diversos ámbitos profesionales, dentro de un contexto de general aceptación de su nombramiento, en el que se resaltan, además, los retos que tiene ante sí.

Valoración positiva de las Asociaciones de fiscales

Así, las principales asociaciones de fiscales han valorado positivamente la propuesta del Ejecutivo, destacando que entre los principales retos que afronta en su nueva etapa se encuentran profundizar la autonomía del Ministerio Fiscal y apostar por su modernización.

En declaraciones a Europa Press, el portavoz de la Asociación de Fiscales Emilio Frías, ha señalado que se trata de un jurista de “reconocido prestigio” y ha avanzado que tiene por delante la tarea de modernizar el colectivo, adaptarlo a la Ley de Enjuiciamiento Criminal y en definitiva adecuarlo a las necesidades actuales.

Frías ha aprovechado para felicitar a su antecesora en el cargo, Consuelo Madrigal, y ha asegurado que se ponen a disposición del magistrado de la Sala de Lo Penal, al igual que ha expuesto Miguel Pallarés, de la Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF) quien ha dicho que José Manuel Maza es un “magnífico profesional” que, dado su dilatada carrera, conoce muy bien la labor de jueces y fiscales.

Además ha considerado que cuando el fiscal general del Estado no es fiscal de carrera se produce una “mayor objetividad” en el desempeño del cargo, en referencia a Maza, que fue portavoz de la Unión Judicial Independiente y que, tras una destacada trayectoria en la Audiencia Provincial, recaló en 2002 en el Tribunal Supremo para cubrir la plaza de Adolfo Prego, que había sido elegido vocal del CGPJ.

Desde APIF consideran que el nuevo fiscal general del Estado deberá trabajar los próximos cuatro años en dos vertientes: por un lado intentando garantizar una “autonomía total” de esta figura y por otro profundizar la independencia del fiscal dentro de la institución.

Asociaciones de jueces

Por su parte, las principales asociaciones judiciales han destacado que el principal reto de Maza será abordar la reforma procesal penal y más en concreto lo relativo a que la fase de instrucción de las causas recaigan sobre la figura del fiscal.

En declaraciones a Europa Press, el portavoz de la Asociación profesional de la magistratura (APM), Celso Rodríguez, ha explicado que dentro de los proyectos de reforma legislativa que se plantea el nuevo Ejecutivo, el reto será la reforma procesal penal y ha adelantado que la Fiscalía General del Estado “va a tener mucho” que decir si se aspira a instaurar un modelo de instrucción por parte del Ministerio Fiscal.

A su juicio se trata de una “tarea importante” y por ello tendrá que participar de un modo directo en los estudios que se elaboren sobre dicha cuestión ya que es controvertida doctrinalmente, ha explicado Rodríguez, quien ha reconocido que el sucesor de Consuelo Madrigal es un magistrado “experto” y un “buen candidato”.

En la misma línea se ha expresado el portavoz de la asociación Jueces para la Democracia, Ignacio González, quien ha subrayado que el magistrado de la Sala de Lo Penal, que comenzó su Carrera Judicial en 1975, es un juez con una “larga trayectoria”.

Desde la asociación Francisco de Vitoria se hacen eco de las intenciones del ministro de Justicia, Rafael Catalá, de modernizar el sector con reformas como la de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim) y consideran que para el fiscal general del Estado el reto más importante será “asumir ese cambio”, tal y como ha indicado su portavoz Raimundo de Prado.

Por su parte, la nueva presidenta de la asociación de jueces Foro Judicial Independiente (FJI), Concepción Rodríguez González del Real, ha elogiado a Maza, quien le parece la persona “idónea” para suceder a Consuelo Madrigal en la Fiscalía General del Estado, dado su dilatada carrera.

Los grandes retos: reforma procesal penal y desafío soberanista

Una vez sea designado, Maza está llamado a colaborar con el ministro de Justicia, Rafael Catalá, en la consecución de una Estrategia Nacional de Justicia, a modo de pacto de Estado que trascienda de un mero acuerdo entre partidos para aglutinar el consenso de todos los operadores jurídicos, entre los que se encuentran claro está los miembros de la Fiscalía.

La reforma del Código Procesal Penal es otro de los aspectos que necesitan una “reforma profunda” y de aprobarse, Maza deberá aplicar las novedades a la actuación de los miembros de su departamento. Aún está por ver si ésta reforma conlleva la atribución a la Fiscalía de la instrucción penal, lo que conllevaría un cambio sustancial en el modo de trabajo de los fiscales españoles.

En unas declaraciones efectuadas este mismo viernes, tras preguntársele su opinión sobre la posibilidad de que sean los fiscales quienes dirijan las instrucciones de los casos judiciales, Maza ha avanzado que esta es una opción a estudiar “muy profundamente y un tema a considerar”.

“Todo lo que sea mejorar la justicia y agilizarla es fundamental para todos. Es un tema de los más importantes y se deberá tomar una decisión en uno u otro sentido. Al menos hay que examinar y profundizar en ideas de ese tipo”, ha recalzado el ahora magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.

Otro de los aspectos procesales que han sido criticados por los Fiscales es la implantación de los plazos máximos de instrucción tras la última reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), que obligó a las Fiscalías a realizar un ímprobo esfuerzo de clasificación de todas las causas pendientes en simples o complejas. Esta por ver si ésta limitación del tiempo de investigación de las causas penales se mantiene en el caso de aprobarse el nuevo Código Procesal Penal.

Otro de los aspectos de la reforma procesal que podría afectar a la Fiscalía sería la posible desaparición de la acusación popular, una figura muy cuestionada por la actual fiscal general pero que podría no despertar tantas antipatías a Maza, que fue uno de los pocos magistrados del Supremo que se opuso en su día a la aplicación de la denominada ‘doctrina Botín”.

Esta doctrina jurídica conllevó el archivo, en diciembre de 2007, de la causa abierta al entonces presidente del Banco Santander Emilio Botín en el caso denominado ‘cesiones de crédito’. Se estableció entonces que, en función de si los delitos tienen o no carácter público, no bastaba la única petición de la acusación popular para abrir juicio oral y sentar a los acusados en el banquillo.

Sobre este asunto Maza consideró junto a otros cuatro compañeros del alto tribunal que debía haberse estimado el recurso de las acusaciones que pedían continuar el procedimiento y que a su juicio debería ser, precisamente en casos en los que no acusa el fiscal ni el abogado del Estado cuando “más debería hacerse valer” el derecho a ejercer la acusación de los ciudadanos a través de la acción popular.

A estos retos se añade la necesidad de continuar avanzando en el proceso de digitalización de la Justicia, para evitar la dependencia del papel. El departamento de Madrigal denunció a comienzos de año disfunciones en este sistema que obliga a presentar todos los escritos en los juzgados de forma telemática.

El problema catalán

El otro gran problema abierto para el nuevo Fiscal General del Estado será su actuación ante las desobediencias de resoluciones del Tribunal Constitucional por parte de cargos públicos de Cataluña.

La anterior Fiscal General, Consuelo Madrigal ha venido actuando con contundencia respecto a  este desafío, y además de impulsar las querellas contra el expresidente de la Generalitat Artur Mas y otros altos cargos por la consulta del 9-M sobre la independencia de Cataluña, ha respondido de forma precisa al requerimiento que le ha realizado el Tribunal Constitucional en aplicación de las nueva reforma de la Ley Orgánica que regula este órgano, y que le dota de instrumentos de ejecución de sus resoluciones en los casos en los que han sido incumplidas.

Las novedades de la norma se han aplicado por el momento a la presidenta del Parlament de Cataluña, Carme Forcadell, a quien ya se investiga, tras la presentación de la preceptiva querella del Ministerio Público, por incurrir en una presunta desobediencia al permitir que se debatieran y votaran en la Cámara catalana las conclusiones para fijar la hoja de ruta de la ruptura con España. No se descarta que en un futuro próximo puedan producirse nuevas desobediencias, lo que obligaría a Maza a actuar.

Sobre este tema, José Manuel Maza, ha evitado pronunciarse en este momento, ya que hacerlo “sería una temeridad”.

En declaraciones a los medios tras hacerse pública la propuesta de su nombramiento, Maza ha declarado que “estaría empezando a dar muy mal ejemplo y muy mala imagen si me atreviera a opinar ya sobre temas tan importantes”.

Maza ha reconocido que no tiene conocimiento a fondo de la cuestión en estos momentos: “Todos los problemas que se me planteen tendré que estudiarlos con los equipos correspondientes y tomar decisiones”.

El juez ha evitado pronunciarse sobre todas las preguntas que los periodistas le han planteado sobre el proceso catalán: “A veces los asuntos son complicados y hay que estudiarlos a fondo. Espero que los problemas sean los menos posibles en todos los casos y en todas las materias, pero no sé lo que va a ocurrir”.

Ha insistido en que ahora debe guardar “silencio” sobre cualquier tema que se le pueda plantear, a las espera de que el Consejo de Ministros lo proponga como nuevo fiscal general del Estado en sustitución de Consuelo Madrigal.

El CGPJ emitirá su opinión al respecto el próximo jueves 17

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial se reunirá el próximo jueves 17 a las 9:30 horas en sesión extraordinaria para pronunciarse sobre la idoneidad del magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo José Manuel Maza Martín para el cargo de fiscal general del Estado para el que fue propuesto el pasado viernes por el Consejo de Ministros.

El órgano de gobierno de los jueces cumplirá así el trámite de audiencia establecido en los artículos 124.4 de la Constitución Española y 560.4 y 599.1.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

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